VAYAN PASANDO
Será el Tribunal de Justicia del Pais Vasco quien decida si procede, o no, que comparezcan como testigos todos los responsables políticos que hayan hablado alguna vez en su vida con ETA y Batasuna, como pretende la defensa de Ibarretxe. Ese desfile interminable (prácticamente todos menos Carod Rovira) está pensado para poner en valor el perfil de politización que, en su opinión, tiene este proceso. Razón por la que siempre se insiste, desde el entorno del lehendakari, en que la apertura de esta causa por haberse reunido en sede oficial con los representantes de la ilegalizada Batasuna persigue «criminalizar el diálogo» y lindezas así.
Si Felipe González, Aznar y Zapatero hablaron con ETA y con Batasuna, en la misma coyuntura en la que se celebró la reunión del lehendakari con Batasuna, «¿por qué no fueron llevados a los tribunales?». La pregunta que formulaba ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, tiene una respuesta clara: no se va a juzgar la práctica del diálogo -¿estaría bueno!- sino un presunto delito de desobediencia, después de que la ilegalización de Batasuna fuera un hecho.
De no ser por la insistencia de Ajuria Enea, no deberíamos estar hablando de ello para no incurrir en el vicio nacional de establecer juicios paralelos. Pero las autoridades nacionalistas quieren sacar este debate a la calle. De esta forma, la presión se estrecha de una forma más nítida sobre los jueces. Pero todo el mundo sabe que la diferencia de coyunturas la marcó la polémica Ley de Partidos, que no se actualizó hasta 2002. Una razón poderosa de legalidad que provocó que Batasuna fuera ilegalizada por pertenecer al entramado de ETA.
Por eso los jueces no han llamado al presidente Zapatero, pero sí lo han hecho con los socialistas vascos que se entrevistaron con Otegi haciendo unos malabarismos impresionantes para no darle, por cierto, el tratamiento de normalidad legal que le había dispensado, a este portavoz, el lehendakari. Tampoco es lo mismo reunirse con ETA y su entorno para comprobar hasta dónde llega su intención de abandonar las armas (el caso de los emisarios del Gobierno de Aznar, entre otros) que hacerlo para darles un tratamiento de interlocutores políticos como si se tratase de portavoces de una fuerza democrática más y abrir con ellos un capítulo de trueque para abordar los reclamados «beneficios políticos».
En un homenaje brindado a los escoltas privados, el delegado del Gobierno Paulino Luesma destacó su labor como «fundamental para asegurar la libertad de aquellos a los que la banda terrorista ha colocado en su terrible diana». Hace falta una sensibilidad democrática para pronunciar estas palabras. Un discurso que no suele tener el Gobierno vasco. El lehendakari está más ocupado en «las naciones que no somos Estado».
Tonia Etxarri
Si Felipe González, Aznar y Zapatero hablaron con ETA y con Batasuna, en la misma coyuntura en la que se celebró la reunión del lehendakari con Batasuna, «¿por qué no fueron llevados a los tribunales?». La pregunta que formulaba ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, tiene una respuesta clara: no se va a juzgar la práctica del diálogo -¿estaría bueno!- sino un presunto delito de desobediencia, después de que la ilegalización de Batasuna fuera un hecho.
De no ser por la insistencia de Ajuria Enea, no deberíamos estar hablando de ello para no incurrir en el vicio nacional de establecer juicios paralelos. Pero las autoridades nacionalistas quieren sacar este debate a la calle. De esta forma, la presión se estrecha de una forma más nítida sobre los jueces. Pero todo el mundo sabe que la diferencia de coyunturas la marcó la polémica Ley de Partidos, que no se actualizó hasta 2002. Una razón poderosa de legalidad que provocó que Batasuna fuera ilegalizada por pertenecer al entramado de ETA.
Por eso los jueces no han llamado al presidente Zapatero, pero sí lo han hecho con los socialistas vascos que se entrevistaron con Otegi haciendo unos malabarismos impresionantes para no darle, por cierto, el tratamiento de normalidad legal que le había dispensado, a este portavoz, el lehendakari. Tampoco es lo mismo reunirse con ETA y su entorno para comprobar hasta dónde llega su intención de abandonar las armas (el caso de los emisarios del Gobierno de Aznar, entre otros) que hacerlo para darles un tratamiento de interlocutores políticos como si se tratase de portavoces de una fuerza democrática más y abrir con ellos un capítulo de trueque para abordar los reclamados «beneficios políticos».
En un homenaje brindado a los escoltas privados, el delegado del Gobierno Paulino Luesma destacó su labor como «fundamental para asegurar la libertad de aquellos a los que la banda terrorista ha colocado en su terrible diana». Hace falta una sensibilidad democrática para pronunciar estas palabras. Un discurso que no suele tener el Gobierno vasco. El lehendakari está más ocupado en «las naciones que no somos Estado».
Tonia Etxarri
