"Los errores de María", by Santiago González (el Mundo, 23 de mayo de 2008)

Tengo por María San Gil un sentimiento hecho a partes iguales de admiración y afecto desde aquel momento en que vio caer asesinado a Gregorio Ordóñez. En un país como el vasco, en el que tanta gente distrae la mirada, ella dio un paso al frente y recogió el testigo de su jefe y amigo. Su vida escoltada ha sido el precio que ha pagado por ello. Ha parido a sus hijos entre escoltas y entre escoltas los ha paseado en los atardeceres donostiarras. Es también, lo ha sido hasta ahora, la máxima dirigente de un partido que tiene escoltado hasta al último de sus concejales desde hace más de diez años.
Ha visto asesinar a 13 concejales de su partido, reviviendo en cada uno de ellos un momento de horror que habría sido insuperable en toda una vida para una persona normal. Ha ido a muchos funerales, ha abrazado a muchas viudas y ha besado a muchos huérfanos, sin que ello fuera incompatible con una presencia siempre alegre y animosa. Durante estos últimos años ha representado a los populares vascos, no sólo con dignidad y desprendimiento, sino con solvencia política y en ocasiones con brillantez, como pudieron apreciar quienes vieran en 2005 el debate electoral en el que se impuso clamorosamente a Ibarretxe, López y Madrazo.
María San Gil ha cometido, sin embargo, algunos errores notables en la crisis de su partido que ha llevado a su abandono, al de José Antonio Ortega Lara y lo que te rondaré hasta Valencia. Uno de ellos es la traslación a su relación con el partido de un esquema análogo al que suele regir nuestras relaciones afectivas. Esto la llevó a plantear una denuncia basada en sentimientos e impresiones, más que en hechos verificables. Las intuiciones pueden ser una vía para el conocimiento, pero no el armazón de un relato consistente y objetivo. Una prueba: La presidenta del PP vasco se vio obligada a convocar a la prensa para explicar asuntos domésticos a las pocas horas del atentado de ETA en Legutiano. Otra: nunca se había visto a María San Gil salir de una reunión con la cabeza baja, rehuyendo las preguntas de los periodistas.
A su denuncia debería seguirle una propuesta rotunda: candidatura alternativa o anuncio de dimisión. El rechazo tácito de su ejecutiva a la propuesta de adelanto congresual ofrece dos enseñanzas prácticas: no se deben emprender batallas políticas que no se puedan ganar. No se debe hacer nada que no se pueda explicar con garantías de comprensión.
Hace casi 90 años que Max Weber definió la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad en ‘La política como profesión’, uno de los textos del autor que conserva mayor vigencia. La ética de la convicción es animada por la obligación moral y la defensa estricta de los principios. La de la responsabilidad relaciona los principios del político con los objetivos que persigue, los medios que emplea para conseguir dichos fines y las consecuencias de sus actos. Una política que se base exclusivamente en el mantenimiento de los principios, sin atender a otras consideraciones, está condenada a la esterilidad. Por el contrario, la que desprecie los principios para atender solamente a los resultados, será una política de cínicos.
María San Gil es la antítesis del cinismo y del oportunismo. Pero se ha equivocado y su error, además de fatal para Rajoy, lo ha sido ya para ella y supondrá consecuencias graves para su partido a corto y medio plazo. También las tendrá para la política vasca, que ha perdido a una mujer de honestidad infrecuente. Tanto, que casi no era una política.

Propuesta de Ibarreche a Zapatero, 9 de mayo de 2008 ("hoja de ruta", inicio de la andadura soberanista)

Texto íntegro:
"Propuesta abierta de Pacto Político para la Convivencia refrendado entre el Presidente del Gobierno Español y el Lehendakari del Gobierno Vasco"

El Presidente del Gobierno Español y el Lehendakari del Gobierno vasco, conscientes de nuestra responsabilidad para impulsar un proceso democrático que permita abrir un escenario de solución al problema de la violencia, por un lado, y por otro lado abordar una respuesta al conflicto de normalización política existente, manifestamos los siguientes compromisos:
1. Compromiso ético para el final definitivo de la violencia. Manifestamos nuestro compromiso con un final dialogado de la violencia, si se producen las condiciones adecuadas, fundamentadas en una clara voluntad por parte de ETA de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción. Asimismo, manifestamos nuestra decisión de apoyar los procesos de diálogo con quienes decidan abandonar la violencia, respetando, en todo momento, el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.
2.- Compromiso democrático para la Normalización Política. Manifestamos nuestro compromiso de garantizar que la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir libremente su propio futuro. En consecuencia, expresamos nuestra voluntad de impulsar y apoyar un proceso de negociación política entre todos los partidos vascos, sin exclusiones, con el objetivo de alcanzar un Acuerdo democrático de normalización política. Acuerdo que deberá ser ratificado posteriormente por la sociedad vasca en referéndum e incorporado en el ordenamiento jurídico vigente.
3.- Bases para el Acuerdo de Normalización Política. El Acuerdo de Normalización Política resultante deberá responder a las siguientes bases de consenso:
3.1. Sobre el carácter y la identidad nacional del Pueblo Vasco. El acuerdo resultante reconocerá la identidad nacional del Pueblo vasco . Dicho reconocimiento recoge así el sentimiento de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca. Reconociendo que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del Pueblo Vasco , aceptamos que existe una realidad conformada por vínculos sociales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales llamada Euskal Herria, que se constata en los Territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en el Estado español y Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en el Estado francés. Se entiende que esta realidad está configurada en el momento actual en dos ámbitos administrativos, políticos e institucionales con personalidad propia, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, y también los territorios vascos incluidos en el Departamento de Pirineos Atlánticos.
3.2. Sobre los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político e institucional. Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado. Dichas decisiones se adoptarán, en ausencia de cualquier tipo de violencia y coacción, siguiendo las normas y procedimientos legales, y respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de la ciudadanía. El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que además puedan ser materializados si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales. Entendemos que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro, para que no sean una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio.
3.3. Sobre las garantías y el respeto a todos los derechos para toda la ciudadanía vasca. Nos comprometemos a que el acuerdo resultante garantizará, para la ciudadanía vasca, todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional, tales como la Carta de Naciones Unidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Asimismo, en el futuro ordenamiento jurídico se definirán y garantizarán, de forma acordada, los derechos que pudieran derivarse de la condición nacional del Pueblo Vasco . Nos comprometemos a defender que el Euskera constituye un patrimonio común de todos/as los/as ciudadanos/as del Pueblo Vasco , que su conocimiento y uso es un derecho de todos y todas, y deber de las administraciones públicas garantizar las condiciones que posibiliten el ejercicio de dicho derecho en igualdad, especialmente en todo lo referido al sistema educativo y a los medios de difusión cultural y de comunicación. En este sentido, será reconocido legalmente y utilizado como lengua oficial al igual que el castellano en los cuatro territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, desarrollándose una política activa y progresiva tendente al objetivo de la total normalización lingüística. Nos comprometemos a establecer las medidas jurídicas y normativas que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a mujeres y hombres en el acceso y ejercicio real de todos los derechos.
3.4. Sobre la articulación institucional del Pueblo Vasco
a. Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra nos comprometemos a promover la creación de un Organo Institucional Común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos. Este àrgano Institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del proceso de diálogo multipartito. Estas atribuciones tendrán que contar con la adhesión y el respeto de la voluntad democrática de la ciudadanía en cada ámbito territorial. El modelo institucional resultante podrá modificarse en un futuro respetando la voluntad popular y en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento.
b. Atendiendo a la actual realidad institucional y desde la aceptación de la voluntad popular, nos comprometemos a respetar el derecho de los/as representantes democráticamente elegidos/as en cualquier ámbito institucional a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria. Nos comprometemos a que el acuerdo resultante, dentro del marco de la Unión Europea y el respeto de las legislaciones de los Estados correspondientes, contemple la creación de una euro-región vasca, u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya posibilitando. Asimismo, nos comprometemos a promover acuerdos y políticas transfronterizas para abordar y financiar en su caso políticas comunes y favorecer iniciativas sociales en los ámbitos económico, cultural, medioambiental
3.5. Sobre la incorporación de los acuerdos al marco jurídico y refrendo popular. Nos comprometemos a la aplicación de los acuerdos, su defensa e implementación en todos los ámbitos institucionales en que tengamos representación. Así, los acuerdos que se alcancen fruto del diálogo político se trasladarán a las instituciones competentes para su desarrollo e incorporación al ordenamiento jurídico. En última instancia, tras los procesos de negociación, pacto y tramitación en las instituciones competentes, los acuerdos serán sometidos a la decisión de la ciudadanía a través de referéndum.
4.- Compromiso de legitimación y materialización democrática de este Pacto Político. El desarrollo del presente Pacto Político requerirá su aprobación por parte del Parlamento Vasco y su refrendo, para su máxima legitimación democrática, en una consulta popular a la ciudadanía vasca que el Presidente del Gobierno Español y el Lehendakari del Gobierno Vasco nos comprometemos a convocar conjuntamente para el próximo 25 de octubre. Esta consulta servirá para ratificar por parte de la sociedad vasca, por un lado, el compromiso ético con el final definitivo de la violencia; y por otro lado, el compromiso democrático con la puesta en marcha de un proceso de negociación política entre todos los partidos vascos, sin exclusiones, para desarrollar el contenido político de este Pacto y alcanzar un acuerdo democrático para la normalización política, que deberá ser sometido a referéndum en la sociedad vasca, antes de que finalice el año 2010".

(Tomado de El Correo, edición digital, el 9 de mayo de 2008)

"Patxi Teillatu en Mondragón", by Ramón Jauregui (El Correo, 03-05-2008)

Un periodista que trata de explicar el ambiente de la vida ordinaria en Arrasate-Mondragón, después del asesinato de Isaías Carrasco, se sorprende de que la verja que rodea la fachada del Banco Guipuzcoano en la localidad aparezca totalmente cubierta de 18 fotos de miembros de ETA, perfectamente enmarcadas y alineadamente colocadas. Nada en el pueblo recuerda al vecino recientemente asesinado. El periodista, sorprendido, mantiene un expresivo diálogo con el director del banco, al que interroga por la gratuita y generosa concesión de su espacio público a ETA y entre extrañas y evasivas respuestas, el director concluye: «Es que siempre han estado ahí...».
Hace ya muchos años, a principios de los ochenta, o incluso quizás un poco antes, Caja Laboral, nacida en Mondragón precisamente, en el seno de ese modelo empresarial que son las cooperativas, lanzó una potente y llamativa campaña publicitaria en la que aparecía un joven tocado con una boina con un texto en el que, más o menos, se leía algo así: 'Yo me llamaba Francisco Tejada. Nací en Cáceres, desde joven vine a Euskadi y trabajo en *****. Ahora me llamo Patxi Teillatu y tengo mis ahorros en *****'. El texto es aproximativo y sólo recuerdo la base del motivo publicitario. Pido disculpas por los errores aunque creo ser fiel a la idea del anuncio. Cuando aquella impactante campaña inundaba los periódicos vascos, un amigo y compañero, muy querido entonces y tristemente recordado ahora por su asesinato, Fernando Múgica, me contó una divertida anécdota que hace a la cuestión. Un notario de San Sebastián, conocido de ambos en nuestro trabajo como abogados, se encontró una mañana con Fernando y con un notable enfado le dijo: 'Acabo de anular mi cuenta corriente en Caja Laboral. He visto este anuncio y me parece indignante. Yo soy aragonés y me llamo Paco Roig y no estoy dispuesto a que para ser vasco me tenga que llamar Patxi Gorria'. También aquí, el recuerdo de la anécdota es personal y probablemente imperfecto, pero vale para lo que nos convoca a esta reflexión.
Isaías Carrasco era un ciudadano vasco, nacido aquí o allí, qué más da, de apellido autóctono o no, a quién le importa, afiliado a un partido o a ninguno, qué tiene eso que ver, que gozaba de los mismos derechos personales y ciudadanos que el común de los mortales en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra. Y, sin embargo, la enumeración teórica de estas obviedades me suena a retórica. ¿De verdad era un ciudadano como los demás? ¿De verdad lo reconocemos como 'uno de los nuestros'? Me cuesta y me duele tocar esa línea delicada y peligrosa de nuestras comunidades identitarias, pero cuando veo que el pueblo de Mondragón olvida al asesinado mientras homenajea en el centro de la villa a los asesinos me asalta la eterna duda sobre si hemos hecho, de verdad, en nuestros sentimientos y en nuestra cultura social, la integración plena de tantos y tantos ciudadanos que no están blindados por la carcasa nacionalista. La imagen de la realidad diaria en ese municipio reflejada en la crónica citada al principio de este artículo es tan bochornosa que, una vez más, la reflexión sobre la actitud social de los ciudadanos vascos ante la violencia resulta ineludible. Pero además, el desarrollo de la gestión política de la censura contra la alcaldesa de Batasuna la hace obligada y apremiante.
¿Cómo abordamos el hecho incuestionable de que unos cuantos miles de nuestros conciudadanos, algunos de ellos representantes públicos de todos nosotros, estén materialmente amenazados de muerte por sus ideas o por sus actividades profesionales? Por natural que parezca tal aberración y tamaña injusticia, la pregunta interpela a todos y cada uno de nosotros, y especialmente a los representantes públicos de los ciudadanos y a sus instituciones, a los líderes políticos y sociales del país, a los medios de comunicación y a toda la sociedad civil. Es sencillamente vergonzoso que este pueblo nuestro, tan admirable en tantas cosas, esté aceptando con tanta indignidad como naturalidad este hecho cotidiano y patente sin que nadie mueva una ceja o, lo que es peor, mirando hacia otro lado como si la cosa no fuera con cada uno de nosotros. Es incalificable que los partidos y las instituciones no hayamos construido un clima de apoyo moral y de acompañamiento ciudadano a los amenazados. Es inexplicable que los partidos democráticos no acuerden condenas, rechazos y alianzas políticas contra los que aceptan y ayudan a los asesinos a materializar esas amenazas. Es inaguantable seguir escuchando alegatos partidistas y viejas apelaciones al conflicto vasco, como cobarde excusa para no hacer lo que exigen la democracia y la ética más elementales.
Estamos ante un tema anterior a la política y muy superior a los intereses partidistas. Cuando un partido acepta o apoya el asesinato del adversario, sea cual sea su explicación, debe ser expulsado del sistema y eso debería ser una premisa acordada por todos. Cuando unos representantes públicos se niegan a rechazar o condenar las amenazas ciertas y evidentes contra los compañeros de corporación y contra los militantes políticos de su ciudad, los demás partidos tiene que darles la espalda, tienen que quitarles la responsabilidad institucional y tienen que proscribirlos como indeseables al tiempo que arropan y animan a los perseguidos. A eso se le llama dignidad personal y política, ética democrática y principios humanos. Lo demás, las explicaciones rebuscadas e incomprensibles, son palabras vacías, partidismos miserables. Es el cinismo más abyecto. Para limpiar sus conciencias o para engañar su miedo, algunos creen que con ellos no va, sin comprender ni recordar el viejo poema de Bretch: 'Primero fueron a por los comunistas ( ). Cuando vinieron a por mí, ya era demasiado tarde'. Otros se aferran a un discurso tan viejo como falso: 'Ésta no es la forma de abordar el problema', 'Así no se arregla nada', y adornan su impostura con fraseología y retórica izquierdista más falsa que ellos. Otros, simplemente, hacen cálculos partidistas y niegan apoyos que favorezcan al adversario en este ambiente miserable y sectario en el que se desenvuelven de un tiempo a esta parte las relaciones políticas en Euskadi.
Por una cosa o por otra, el espectáculo es lamentable. La política vasca está dando un nuevo ejemplo de división y de bajeza moral. Huiré de siglas y nombres para no incurrir en subjetivas calificaciones, pero eso no debería tranquilizar a los responsables de lo que está sucediendo en el país, porque todo el mundo sabe quiénes son y cómo se llaman. Hubo un tiempo en que estos hechos eran contestados por una ciudadanía movilizada, un sistema de partidos unido en los postulados democráticos y unas instituciones que lideraban con dignidad y ejemplaridad la respuesta a la violencia. Basta mirar atrás y ver al lehendakari Ardanza rodeado de todos los líderes de todos los partidos políticos, en las escalinatas de Ajuria-Enea, dirigirse al país con palabras claras, con condenas rotundas, con convocatorias únicas y estrategias compartidas. Lo que ocurre ahora es penoso.
Pero no son sólo los partidos y las instituciones los que deben reaccionar ante estos hechos. Somos todos. Usted también, querido lector, y todos los ciudadanos de bien que tienen en su mano poderosos instrumentos para producir la catarsis vasca que nos saque de este atolladero indigno. Por supuesto, el voto es fundamental, pero no es lo único. Yo no tengo cuenta abierta en el Banco Guipuzcoano, pero juro que si la tuviera la anulaba para decirle al director de ese banco en Arrasate que me repugna su acomodaticia actitud que permite la reivindicación de los terroristas mientras se olvida a sus víctimas.
Ramón Jáuregui (Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados), en El Correo (03-05-2008).